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Resumen Ejecutivo del Plan de Acción de Equidad

Resumen Ejecutivo del Plan de Acción de Equidad

El DOJ ha adoptado un enfoque de todo el Departamento para promover la equidad en las comunidades históricamente marginadas y desatendidas, y continuará empleando una estrategia de participación comunitaria centrada en las personas para obtener comentarios sustantivos del público.

Específicamente, el Departamento ha organizado juntas, reuniones y sesiones de interlocución para interactuar directamente con las comunidades de color, las comunidades indígenas, las personas con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés), las comunidades rurales, la comunidad LGBTQI+, las personas con discapacidades, las personas afectadas por el sistema judicial y las personas afectadas negativamente por la desigualdad. Estas comunidades incluyen organizaciones nacionales, regionales, estatales y locales que representan las necesidades e inquietudes de y/o cuyas raíces están en las comunidades históricamente marginadas y desatendidas, incluidas las que participan en los esfuerzos de reforma de la justicia penal.

Históricamente, estas comunidades han enfrentado barreras en sus intentos de relacionarse con las agencias federales, ya sea debido a las prácticas, políticas, sistemas e infraestructura de las agencias, o barreras que con demasiada frecuencia son endémicas de las comunidades históricamente marginadas y desatendidas, como la falta de acceso a Internet, transporte, tiempo, capacidad y recursos financieros. Estos obstáculos han llevado a niveles más bajos de conciencia sobre los servicios públicos o programas federales, lo que a menudo se ve exacerbado por la falta de confianza histórica o actual en dichos programas que se basa en experiencias negativas pasadas de interacción con entidades gubernamentales. En respuesta, el Departamento continuará colaborando de manera significativa con estas comunidades para garantizar que los programas, las actividades y el trabajo de equidad del DOJ sean accesibles, efectivos y tengan un efecto positivo.

Para el año fiscal 2024, el Departamento promoverá las siguientes cinco estrategias de equidad:

  • Eliminar las barreras en cuanto al acceso al financiamiento de subvenciones y recursos para organizaciones dirigidas por comunidades históricamente marginadas y desatendidas que han enfrentado barreras sociales y sistémicas para acceder y recibir recursos federales, así como para las comunidades afectadas de manera desproporcionada por la delincuencia, la violencia y la victimización.
  •  Apoyar los programas correccionales y de reinserción orientados a reducir la reincidencia y mejorar los resultados para las personas involucradas en el sistema judicial (incluidas las de comunidades históricamente marginadas y desatendidas y aquellos que se ven afectados de manera desproporcionada por la delincuencia, la violencia y la victimización), incluso mejorando la cobertura de atención médica y los apoyos de continuidad de la atención, reduciendo las barreras para obtener una identificación emitida por el gobierno, abordando las dificultades asociadas con la incapacidad de pagar multas y tarifas, y mejorar los modelos de supervisión comunitaria para disminuir la incidencia de revocaciones por infracciones técnicas.
  • Promover una fuerza laboral inclusiva, diversa y experta en la aplicación de la ley para fortalecer la confianza pública y mejorar los resultados de seguridad pública al eliminar las barreras de representación dentro de las agencias del orden público federales, estatales, tribales, locales y territoriales para las comunidades subrepresentadas.
  • Mejorar la respuesta del personal encargado del orden público y de la justicia penal a los delitos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, las niñas, las personas transgénero y las personas no conformes con el género (incluida la violencia de género y el tráfico sexual) proporcionando y/o apoyando: (1) capacitación específica sobre cómo investigar y enjuiciar estos delitos; (2) capacitación y recursos sobre enfoques, atención y servicios con sensibilidad a los efectos del trauma y culturalmente receptivos disponibles para las víctimas; y (3) recursos y apoyo para establecer relaciones y aumentar el acceso a los servicios y la asistencia para las comunidades históricamente marginadas y desatendidas.
  • Garantizar que las comunidades desatendidas (incluidas las personas con dominio limitado del inglés y las personas con discapacidades, entre otras) estén informadas sobre y puedan acceder a los servicios legales para abordar los delitos ambientales, la contaminación, el cambio climático y otros peligros ambientales, y que reciban ayuda para navegar por el panorama jurídico y regulatorio necesario a fin de garantizar el acceso al agua y aire limpios, y a otros recursos naturales.